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La prevenci¨®n de las guerras y las violaciones de los derechos humanos en gran escala, al igual que la reconstrucci¨®n de las sociedades a ra¨ªz de esas situaciones, requieren un enfoque en el que se incorporen las perspectivas tanto de los defensores de los derechos humanos como de los profesionales de la soluci¨®n de conflictos. Esto resulta m¨¢s f¨¢cil de decir que de hacer. Estos dos grupos parten de supuestos diferentes, aplican metodolog¨ªas diferentes y tienen limitaciones institucionales diferentes. De ah¨ª que tiendan a recelar unos de los otros.

A corto plazo, ambos procuran poner fin a la violencia, las p¨¦rdidas de vidas y dem¨¢s sufrimientos lo antes posible. A largo plazo, tanto los defensores de los derechos humanos como los profesionales de la soluci¨®n de conflictos tratan de ayudar a las sociedades tomando medidas para garantizar que no se repita la violencia y se respeten los derechos de todos los seres humanos. Sin embargo, los m¨¦todos que utilizan para lograr estos objetivos y los supuestos en que se basan son diferentes. De resultas de ello, a veces ante un mismo problema adoptan enfoques contradictorios o que se excluyen mutuamente. Por ejemplo, los encargados de solucionar el conflicto, ansiosos de lograr una soluci¨®n negociada con un m¨ªnimo de p¨¦rdidas de vidas, podr¨ªan dejar de considerar la pertinencia de los derechos humanos para el buen resultado de su labor a largo plazo y para los protagonistas a los que se proponen reunir. Los defensores de los derechos humanos, cuyas actividades se limitan a avergonzar a los responsables, hacerles una publicidad negativa y lograr su condena judicial, podr¨ªan perder oportunidades de mejora de los derechos humanos que tal vez se conseguir¨ªan mediante la negociaci¨®n y las t¨¦cnicas diplom¨¢ticas en que se apoyan los solucionadores de conflictos.

A fin de estudiar con m¨¢s detalle estas diferencias aparentes, en colaboraci¨®n con una colega del campo de los derechos humanos, la fallecida Ellen Lutz, solicit¨¦ un grupo de estudios de caso acerca de conflictos en los que, tanto los profesionales de derechos humanos como los de soluci¨®n de conflictos, han realizado una extensa labor: los ocurridos en Colombia, Sierra Leona e Irlanda del Norte. Nuestro prop¨®sito era conocer c¨®mo actuaron estos dos grupos en cada caso, y si se logr¨® una interacci¨®n constructiva entre sus actividades. Nuestros estudios de caso pusieron de manifiesto dos dilemas cruciales que deben enfrentarse para poder mejorar la comprensi¨®n y la sinergia entre los derechos humanos y la soluci¨®n de conflictos en las tareas pr¨¢cticas de consolidaci¨®n de la paz. Uno de ellos es la tensi¨®n que existe entre el establecimiento de relaciones pac¨ªficas sostenibles entre los grupos contendientes en un pa¨ªs, y el procesamiento de los miembros de esos grupos por abusos de los derechos humanos o cr¨ªmenes de guerra o ambas cosas. El segundo es el importante papel que desempe?a la comunidad internacional en cuanto a respaldar o socavar las normas que ayudar¨ªan a integrar las pr¨¢cticas de derechos humanos y las de soluci¨®n de conflictos.

La contraposici¨®n de la rendici¨®n de cuentas y la inclusi¨®n es un desaf¨ªo predominante no solo despu¨¦s de la firma de un acuerdo de paz, sino en todas las fases de un conflicto.

Una de las cuestiones m¨¢s problem¨¢ticas que surgen en el per¨ªodo posterior a la concertaci¨®n de un acuerdo de paz es la manera en que han de tratarse los cr¨ªmenes de guerra y los abusos de los derechos humanos cometidos por el Gobierno anterior. En tanto que los defensores de los derechos humanos presionan para que se rindan cuentas de los cr¨ªmenes cometidos y se impongan castigos para evitar abusos ulteriores, a los partidarios de la soluci¨®n del conflicto les preocupa la posibilidad de que el castigo de los perpetradores ocasione m¨¢s desintegraci¨®n de la sociedad, lo cual dificultar¨ªa m¨¢s el proceso de restablecimiento.

Una de las conclusiones interesantes de nuestros estudios de caso es que el desacuerdo acerca de si se debe castigar o rehabilitar a los perpetradores ocurre no solo despu¨¦s de concertado un acuerdo, sino tambi¨¦n en todas las dem¨¢s fases del conflicto. En Colombia, donde persiste la violencia y no se ha logrado acuerdo, esta tensi¨®n se manifiesta en la respuesta del Gobierno a los guerrilleros, en particular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uno de los redactores de nuestro estudio afirma que aunque los l¨ªderes de las FARC desean genuinamente la inclusi¨®n y la dignidad, han llegado a considerar la violencia como ¨²nica v¨ªa por la que pueden participar en un Gobierno del que, a lo largo de generaciones, han sido apartados por los liberales y los conservadores. Sin embargo, en el curso de los a?os estas mismas guerrillas se han dedicado a actividades il¨ªcitas, incluidos los cr¨ªmenes de guerra y el tr¨¢fico de drogas, a fin de apoyar sus operaciones. Esto crea un verdadero desaf¨ªo: reconocer el leg¨ªtimo inter¨¦s de la guerrilla en establecer que la pol¨ªtica, y no la violencia, es la v¨ªa para resolver las diferencias (la perspectiva de la soluci¨®n de conflictos), y a la vez reforzar el estado de derecho enjuiciando a los delincuentes por sus actividades relacionadas con las drogas y los secuestros (la perspectiva de los derechos humanos). ?C¨®mo pueden conciliarse ambas perspectivas?

En Sierra Leona, el dilema se produjo en torno al otorgamiento de una amnist¨ªa a Fodoy Sankoh, el dirigente y fundador del grupo rebelde Frente Revolucionario Unido, en momentos en que se negociaba el acuerdo de paz. El caso era tan importante que llev¨® al Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan a retirar de manera expl¨ªcita, como pol¨ªtica institucional, el apoyo de las Naciones Unidas al otorgamiento de amnist¨ªa a l¨ªderes de facciones por cr¨ªmenes de guerra, como incentivo para un acuerdo de paz. Si bien el Secretario General de las Naciones Unidas no pod¨ªa iniciar la imposici¨®n de sanciones a tales l¨ªderes, la retirada de la aprobaci¨®n de la amnist¨ªa por las Naciones Unidas envi¨® claramente la se?al de que la Organizaci¨®n se negaba a ser parte en semejante acuerdo. Despu¨¦s de las conversaciones sobre Sierra Leona entr¨® en funcionamiento la Corte Penal Internacional y ello ha posibilitado el enjuiciamiento de l¨ªderes por presuntos cr¨ªmenes de guerra. Esta circunstancia reduce a¨²n m¨¢s la posibilidad de que los l¨ªderes pidan una amnist¨ªa total a cambio de la firma de un acuerdo de paz. Queda por ver qu¨¦ repercusi¨®n tendr¨¢ la Corte en las futuras negociaciones de paz. Por ejemplo, hasta el momento en que se redact¨® el presente art¨ªculo, las investigaciones de la Corte Penal Internacional acerca de las acciones del Ej¨¦rcito de Resistencia del Se?or en el norte de Uganda hab¨ªan impedido la conclusi¨®n de las conversaciones de paz en ese lugar.

El Acuerdo del Viernes Santo en Irlanda del Norte incluye un s¨®lido componente de derechos humanos que ha de regir las relaciones futuras, pero omite todo reconocimiento de los pasados actos discriminatorios contra los cat¨®licos de la regi¨®n, que fueron la causa original de la violencia al comienzo de los altercados, a fines del decenio de 1960. Los redactores del estudio observan que la fundaci¨®n del Estado se bas¨® en la discriminaci¨®n y que, a¨²n hoy, la aplicaci¨®n de las disposiciones sobre derechos humanos del Acuerdo del Viernes Santo "es insuficiente". De hecho, a lo largo de los a?os el hincapi¨¦ ha pasado de los derechos humanos a la distribuci¨®n del poder. Cabe aducir que la constante violencia de baja intensidad y la incompleta aplicaci¨®n del Acuerdo podr¨ªan deberse en alguna medida a que todav¨ªa no es posible examinar debidamente la causa fundamental del conflicto, ni se ha abordado esta cuesti¨®n.

Estos casos no proporcionan respuestas para los dilemas citados, sino que ilustran lo complejas que pueden ser las concesiones en las circunstancias del mundo real. Por ejemplo, no se ha hecho ning¨²n an¨¢lisis sistem¨¢tico para determinar si la amnist¨ªa contribuye o no a un deterioro del estado de derecho o a la inestabilidad de los acuerdos de paz. Estos casos muestran la necesidad de que se realicen tales an¨¢lisis.

La comunidad internacional desempe?a un papel clave para determinar si las pr¨¢cticas en materia de derechos humanos y de soluci¨®n de conflictos se contraponen o se complementan.
En nuestros tres casos, hubo actores externos que tuvieron una enorme repercusi¨®n en la forma en que han evolucionado los procesos de defensa de los derechos humanos y de soluci¨®n del conflicto. Los Estados Unidos y las Naciones Unidas, en particular, establecieron la pauta mediante sus pol¨ªticas y conductas.

Las Naciones Unidas fueron el factor externo dominante en Sierra Leona, al desplegar sobre el terreno a un s¨®lido equipo de expertos en derechos humanos para que asesoraran sobre las disposiciones del acuerdo de paz, conformaran una comisi¨®n de la verdad y coordinaran las actividades de las numerosas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que funcionaban en el pa¨ªs. Incluso por la parte de la soluci¨®n del conflicto, como se se?al¨® anteriormente, el Representante Especial del Secretario General para Sierra Leona adopt¨® una en¨¦rgica posici¨®n en contra de la amnist¨ªa internacional por violaciones de los derechos humanos. Las Naciones Unidas tambi¨¦n ayudaron a establecer un tribunal encargado de enjuiciar a los perpetradores, cuando se produjo una intensificaci¨®n de la violencia despu¨¦s de concertado el acuerdo. La colaboraci¨®n que tuvo lugar entre los agentes de la soluci¨®n del conflicto y los de defensa de los derechos humanos en Sierra Leona, alentada y respaldada por las Naciones Unidas, proporciona un modelo positivo que puede aprovecharse al organizar operaciones en otros pa¨ªses.

Como demuestran nuestros casos, esa colaboraci¨®n no ha ocurrido en Colombia ni en Irlanda del Norte. En Colombia, con el adiestramiento militar y el apoyo financiero de los Estados Unidos, el Gobierno ha adoptado un enfoque militarista frente los movimientos de la guerrilla con la esperanza de eliminarla y destruir el tr¨¢fico de drogas. No ha logrado ninguno de estos objetivos. Mientras que las violaciones de los derechos humanos atraen la atenci¨®n internacional, de organizaciones no gubernamentales y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el proceso de establecimiento de la paz no ha recibido un apoyo exterior comparable. Al parecer, la participaci¨®n internacional, especialmente del Gobierno de los Estados Unidos, ha empeorado la situaci¨®n en lugar de mejorarla, sobre todo con respecto a la colaboraci¨®n entre el elemento de derechos humanos y el de soluci¨®n de conflictos.

En alguna medida, lo mismo puede afirmarse de Irlanda del Norte. De acuerdo con los autores de nuestros estudios, el proceso de establecimiento de la paz, emprendido bajo los auspicios de mediadores internacionales, reforz¨® la noci¨®n de dos tribus enfrascadas en una competencia inevitable. Las disposiciones relativas a la distribuci¨®n del poder, consagradas en el Acuerdo del Viernes Santo de 1998, afirmaron a¨²n m¨¢s estas divisiones. Al mismo tiempo, podr¨ªan haberse evitado 30 a?os de violencia si la comunidad internacional hubiera estado dispuesta a enfrentar la discriminaci¨®n y los abusos de los derechos humanos que tuvieron lugar all¨ª mucho antes de que empezaran los disturbios. Incluso hoy d¨ªa, los or¨ªgenes del conflicto relacionados con los derechos humanos no se han resuelto y persiste una violencia de baja intensidad. Tanto el programa de derechos humanos como el de soluci¨®n del conflicto est¨¢n sufriendo las consecuencias.

Por tanto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de incorporar las normas de derechos humanos en las actividades de soluci¨®n de conflictos con miras al establecimiento de la paz en los casos de asimetr¨ªa extrema del poder. Las normas de derechos humanos ayudan a abordar estas asimetr¨ªas de dos maneras importantes. En primer lugar, ayudan a empoderar a la parte m¨¢s d¨¦bil, una norma que ya tiene el respaldo de la comunidad de soluci¨®n de conflictos. Al fortalecer el hincapi¨¦ en las normas de derechos humanos, los procesos de soluci¨®n de conflictos a cargo de una tercera parte pueden lograr mayor eficacia al dar a la parte m¨¢s d¨¦bil el apoyo que tal vez necesite para negociar desde un punto de vista m¨¢s equitativo. En segundo lugar, las normas de derechos humanos son importantes para fortalecer la noci¨®n de que la soberan¨ªa de un Estado entra?a la responsabilidad de proteger a los civiles que se hallan dentro de sus fronteras.

M¨¢s importante a¨²n es que quienes dise?an y ponen en marcha procesos de soluci¨®n de conflictos para la consolidaci¨®n de la paz en situaciones de conflicto interno, no pueden asumir que los derechos humanos "no son asunto nuestro". Son componentes clave de los intereses y las preocupaciones de las partes, importantes indicadores de la asimetr¨ªa de poder y en ocasiones de abusos de poder, y con frecuencia son tanto causas como consecuencias de los conflictos que nos proponemos zanjar o transformar. Es crucial que los encargados de consolidar la paz conozcan y comprendan los puntos fuertes y d¨¦biles de las normas de derechos humanos, as¨ª como la forma de utilizarlas de manera constructiva y apropiada.